El Salvador "sigue incumpliendo" las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el asesinato de monseñor Romero y la masacre en la Universidad Centroamericana (UCA) en los años ochenta, según denunciaron hoy organizaciones representantes de las víctimas.
El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (IDHUCA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) se reunieron en privado con representantes del Gobierno de El Salvador y de la CIDH para examinar el cumplimiento de sus recomendaciones en estos casos.
La reunión se celebró en Washington al margen de las audiencias públicas que está celebrando esta semana el organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), encargado de velar por los derechos humanos en el continente.
Las autoridades de El Salvador reconocieron estas "deudas oficiales" y aceptaron que no ha adecuado su legislación para dejar sin efecto la Ley de Amnistía vigente en el país desde 1993, según indicó CEJIL en un comunicado, en el que manifestó la "frustración" de ambas organizaciones por "la falta de avances" en la justicia.
En este sentido denunciaron que el Estado ha obstaculizado los esfuerzos de la justicia universal impulsados por la Audiencia Nacional de España que está analizando el caso tras la denuncia presentada el 13 de noviembre de 2008 por el Center for Justice and Accountability (CJA), para investigar la matanza de la UCA, en la que fueron asesinados seis sacerdotes jesuitas, la colaboradora de los sacerdotes Julia Elba Ramos y su hija adolescente, Celina.
Las ONG manifestaron que en agosto pasado la Policía Nacional Civil de El Salvador no detuvo a nueve militares acusados por esos hechos contra quienes la Interpol había emitido una orden internacional de captura e hizo lo mismo en septiembre con otros cinco militares imputados.
En el caso de monseñor Romero, señalaron que el caso permanece cerrado desde 1993 y el Estado "no ha adoptado ninguna medida para cambiar esta situación".
Además, indicaron que desde noviembre de 2009 El Salvador se comprometió a adoptar medidas simbólicas de reparación, "sin que a la fecha se hayan dado avances sustanciales".
Las organizaciones lamentaron la "falta de acción" para derogar la Ley de Amnistía y subrayaron que el "incumplimiento absoluto" de las recomendaciones de la CIDH "vacía de significado los actos oficiales de reconocimiento de responsabilidad por las violaciones cometidas por el Estado y las medidas simbólicas de reparación".
"Es imposible reparar el daño causado sin la obtención de justicia", indicó la representación de las víctimas, que solicitaron a la CIDH que se involucre "de manera más cercana" en el seguimiento de sus recomendaciones para evitar que la impunidad "se siga perpetuando".
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