Ante la coyuntura actual originada por el rechazo de un sector del transporte a pagar las multas y aceptar una nueva normativa, la organización no gubernamental afirmó que es tiempo de nacionalizar el servicio en El Salvador.
Edwin Trejo, investigador del CDC, afirmó que existen muchos ejemplos de gestion estatal exitosos en América Latina como el sistema del Transmilenio, que opera en el distrito de Bogotá, Colombia, donde el servicio es ordenado, limpio y eficiente.
El CDC asegura que las disposiciones legales que establece el Viceministerio de Transporte son claras respecto a la concesión del servicio, y que establece que son beneficiarios del subsidio aquellas unidades que cuenten con placas registradas, tarjeta de circulación vigente y el carné de condcutor
Por lo tanto, "los transportistas no tiene otra opción más que respetar la ley".
El CDC argumenta que el sector transporte no tiene razón en protestar por las nuevas disposiciones porque le deben al Ministerio de Hacienda hasta julio de este año 4.9 millones de dólares en concepto de multas.
"Y a pesar de eso el Estado les da 500 dólares mensuales a los autobuses y 250 a los microbuses en concepto de subsidio", precisó Trejo.
Para el CDC el sector también viola los derechos de los consumidores porque "un salvadoreño promedio tiene una probabilidad 12 veces mayor de sufrir un accidente de tránsito si usa el sistema público en lugar del sistema privado".
El CDC le piden al Viceministro Nelson García que "aplique mano dura y que no se deje chantajear por este sector y al mismo tiempo a la Asamblea Legislativa para que no salga con una condonación de multas o decreto de prórroga".
"La Asamblea Legislativa debería iniciarse el debate que origine una nueva ley de transporte colectivo para terminar con la dispersión normativa que existe y la falta de una institucionalidad que garantice los derechos de los usuarios", afirmó Trejo.
El CDC le piden a los diputados que tengan alguna vinculación empresarial con este sector a que se excusen de participar en este nuevo proyecto de ley o involucrarse en algún decreto que signifique condonación de multas para favorecer a los transportistas.
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