» Las personas que analizaron el documento del tributo dicen que Gobierno poco a poco confiscará propiedad privada porque gravará su tenencia con un impuesto.
Descapitalizará al país porque -argumentan- se aplicará sobre el patrimonio neto, a valor actual de mercado, constituido por toda clase de bienes, como edificios, terrenos, casas, maquinaria, equipo, vehículos y hasta joyas y muebles, cuya suma, menos las deudas comprobables de las empresas y personas, sea mayor a $500 mil.
El borrador del anteproyecto de ley del impuesto extraordinario para la seguridad ciudadana, filtrado por algunos diputados y empleados de mandos medios del Ministerio de Hacienda, deja claras las intensiones "confiscatorias" a la propiedad privada.
Según el documento toda empresa, organización y persona natural sujeta del tributo, tendrá que pagarlo sencillamente por tener bienes incluso, improductivos. En otras palabras, grava la simple tenencia de bienes, lo cual dicen los analistas desincentivará el ahorro para invertir en cualquier activo.
El artículo 2 dice que son sujetos pasivos (paguen o no) del impuesto las personas jurídicas (empresas), personas naturales, fideicomisos, sucesiones, sociedades de hecho y unión de personas que posean patrimonio, estén o no domiciliadas en El Salvador.
Lo anterior implica que las sociedades extranjeras con inversiones en El Salvador estarán sujetas al pago de este impuesto, lo mismo que las nacionales con inversiones en otros países, también deberán sumarlas a su patrimonio para efectos de pagar este nuevo tributo, según el abogado tributarista Salvador Portal.
De dejarlo así como está redactado, los inversionistas extranjeros no lo pensarán dos veces para comenzar a vender sus empresas, pagar sus deudas e irse, con lo que se incrementará el ejército de desempleados con que ya cuenta el país. Similar actitud adoptarán los empresarios locales. Pero el problema será encontrar quien les compre en las actuales condiciones, aquí resalta también el carácter confiscatorio de esta pretendida ley.
Antes y durante la aplicación del nuevo impuesto, el país entrará en una etapa de descapitalización, porque nadie se verá incentivado a invertir en nuevos bienes, si, incluso, los que ya tiene le están siendo objeto de acoso por el Gobierno.
Para ejemplificar lo anterior, el observador político Miguel Lacayo imagina a dos amigos domiciliados en el país cuyo patrimonio neto supera los $500,000 y que son propietarios cada uno de un apartamento de casi idéntico valor.
Ambos, dice, deciden vender su apartamento, pero el primero decide ahorrar el monto recibido, después de pagar impuesto de ganancia de capital y el segundo decide gastar el monto que le resta después de pagar el impuesto respectivo y se dedica a beber hasta que se gasta todo el dinero.
El despilfarrador irresponsable no pagará el impuesto propuesto. En cambio, el primero, que actuando con responsabilidad guardó sus ganancias y contribuyó a mantener un buen nivel de ahorros en el país, con lo que contribuye a su desarrollo, es castigado y desincentivado con el pago de este pretendido nuevo impuesto, criticó.
Lacayo también destaca que los afectados con este nuevo pretendido tributo, además de pagar tasas municipales, deberán pagar el impuesto de seguridad por el valor de inmueble, aunque este no genere ningún ingreso.
Ante esa situación de estar pagando tasas municipales e impuestos por bienes que no generan ingresos para cubrir ese gasto, algunas personas y empresas tendrán que liquidar sus propiedades solo para pagar el impuesto, sostiene, lo cual es una forma vedada de confiscar la propiedad privada.
Lacayo también señala que en algunos casos se pagará dos y hasta tres veces al Estado. Como ejemplo, dice, si alguien vende un inmueble a un familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad, tendrá que seguir considerando el valor del inmueble como su patrimonio. Además si es precavido y ahorra el monto generado, tendrá que pagar por ese monto, es decir pagará dos veces el año que realizó la venta.
También señala que como la ley no es clara, se podría interpretar que seguiría pagando impuesto por ambos hechos hasta que sea derogado. Y como si no fuera suficiente, quien compró la casa también tendrá que incorporar el inmueble a su patrimonio y pagar el impuesto, destacó.
Por su parte, el consultor internacional Manuel Enrique Hinds destaca claramente que este impuesto "es confiscatorio", porque se genera a partir de poseer bienes y no por haber realizado ninguna acción, que es lo que genera los demás tributos y porque su cobro disminuye el valor de la propiedad.
Los tributos se pagan al recibir un ingreso o gastar en algo, como la renta y el IVA, pero el impuesto al patrimonio es para quitarle una parte de lo que el contribuyente posee, sin importar si gana o no, de si gasta o no dinero. La confiscación es clara porque grava activos que no producen ningún ingreso en efectivo, pero también a los que producen ingresos, ya que se paga por el valor del activo y no por el ingreso que produce, finalizó Hinds.
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