» Sector privado dice que Estados Unidos sólo conoce la versión de Funes y que no ha oído a la empresa privada salvadoreña.
Estados Unidos insistió ayer al empresariado centroamericano que apoye un impuesto para financiar programas de seguridad, y le urgió a "poner de su parte" en este tema, algo que representantes del sector productivo salvadoreño ven contradictorio ante la realidad económica por la que atraviesa el país y las pocas señales que ha dado el gobierno para impulsar un plan efectivo contra la criminalidad.
En medio del anuncio hecho por el gobierno de un tributo al gran capital para impulsar planes antidelincuenciales, la Subsecretaria Adjunta de Estado para Asuntos de Centroamérica y el Caribe de Estados Unidos, Julissa Reynoso, dijo ayer en conferencia de prensa vía Internet, que el empresariado de la región debe ayudar al país en la búsqueda de una reforma fiscal que permita llevar más fondos a las arcas del Estado.
"También queremos ver cómo el sector privado, y francamente la élite de Centroamérica, pone más de su parte, con una reforma fiscal y busca la manera de invertir vía impuesto en la capacidad del Estado para poder tomar estos problemas (inseguridad), de manera que tenga más fuerza y un mejor resultado (en el combate a la delincuencia)", indicó la funcionaria estadounidense.
En ese sentido, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Luis Cardenal, sostuvo que Reynoso "debería informarse mejor con respecto a cuál es el punto de vista, la opinión y las propuestas constructivas que el sector empresarial está haciendo sobre el tema (del nuevo impuesto para seguridad)".
En cambio, Cardenal hizo un llamado al Departamento de Estado de Estados Unidos a que trabaje en conjunto con todos los sectores salvadoreños para enfrentar el problema del narcotráfico desde la región hacia ese país norteamericano.
Por su parte, Federico Hernández Aguilar, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria, aseguró que las declaraciones de Reynoso reflejan que Estados Unidos sólo ha escuchado las voces del gobierno en relación a un nuevo impuesto al patrimonio.
"Es evidente que la subsecretaria Reynoso está dando una opinión que nace de haber escuchado solamente a uno de los actores involucrados en este proceso. Si sólo ha escuchado lo que el gobierno le llega a decir de lo que pasa en el país, ella tendrá una posición parcial. Lo que le recomiendo al gobierno estadounidense es que escuche a los demás sectores", sostuvo.
Reynoso puso como ejemplo el proyecto que Estados Unidos está impulsando en El Salvador, en el que por cada $1 que Estados Unidos dé en concepto de cooperación, el sector productivo aporte $3 para el combate a la delincuencia.
No obstante, esta medida y la de un impuesto para la seguridad ya fue rechazada de tajo por distintas cámaras empresariales de la región, durante un reunión de presidente de gremiales del sector productivo celebrada en Guatemala a finales del mes pasado.
"Por cada dólar que nosotros invertimos, que el sector privado invierta tres. Es una idea que estamos manejando ahora mismo en El Salvador en particular, con la idea de poder traer más países a participar en esta iniciativa", sostuvo Reynoso.
La funcionaria norteamericana también advirtió que los empresarios del istmo tienen "mucho que perder" sino colaboran con el pago de un impuesto, pero también "mucho que ganar" si lo hacen. "La inseguridad y la inversión que el sector privado tiene que hacer, el costo en la economía, está afectando el sentido de negocio (a los empresarios) y el estado de la inversión en los países", declaró.
Sin embargo, Cardenal es de la idea que ya han mostrado el deseo de colaborar en el combate a la delincuencia, y que el sector productivo está consciente de que la delincuencia es un problema que debe tratarse con visión de país.
Por su parte, Hernández Aguilar dijo: "Es fácil desde Estados Unidos lanzar críticas a los sectores productivos centroamericanos invitándoles a colaborar, cuando nuestro deseo de colaboración ha sido patente desde hace dos años. Otra cosa es la manera en que el gobierno está llevando el tema domésticamente, y tengo la impresión que la subsecretaria, en ese sentido, no tiene una visión de la película completa", acotó.
En ese sentido, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria indicó que están en la capacidad de mostrarle a Estados Unidos, con argumentos técnicos y cifras, "una percepción general de por qué la crisis económica vuelve improcedente una nueva reforma impositiva en el país".
Mientras, Reynoso dice que es "importante que la voz del sector privado sea más fuerte (en el apoyo a las finanzas del Estado)", y que enfrente el problema como una "comunidad y como una nación en los países de la región para que no sea solamente un problema de los pobres o de ellos (empresarios), que no tienen los recursos para buscar su propia seguridad".
Hernández Aguilar dijo que la incertidumbre empresarial ante un nuevo impuesto descansa en el hecho de que Estados Unidos no ha sido ejemplo en el tema fiscal en los últimos meses.
"Dicho sea de paso, el gobierno norteamericano se ha equivocado en el tema impositivo, ya tuvo un revés electoral que ha sido por su política fiscal. Más que dar recetarios, que no tienen autoridad moral, deberían escuchar el día a día de los empresarios que no sólo han sido víctimas de los delincuentes en la calles, sino también de los populistas que nos están gobernando", aseveró.
Ante las declaraciones de Reynoso, en las que señaló que la inseguridad no sólo es "un tema de pobres", Cardenal consideró "poco feliz que haga comentarios de tipo divisionistas, clasistas, que tienden a polarizar todavía más una sociedad ya de por sí polarizada".
El impuesto a la seguridad, que los empresarios consideran será utilizado para rellenar huecos fiscales, ha sido tema de crispaciones entre éstos y el Órgano Ejecutivo. Recientemente, el ministro de Justicia y Seguridad, Manuel Melgar, arremetió contra el empresariado y negó que éste desconozca los planes de seguridad que impulsa el gobierno.
El presidente Funes dijo el pasado jueves que no ha presentado ningún proyecto de ley para implementar el impuesto para seguridad, y que hay empresarios que "se están rasgando las vestiduras" por el mismo
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