Si un funcionario cubano de inteligencia quiere saber qué propiedades tiene un ciudadano del común en Venezuela o cuánto debe en impuestos e incluso por quién ha votado en las últimas elecciones, lo puede lograr con un golpe de tecla desde La Habana, gracias a un convenio secreto entre ambos países, según lo explicó a Univisión Investiga un ingeniero que participó en las negociaciones.
El ingeniero Anthony Daquin, quién ya había denunciado algunas irregularidades del acuerdo al diario El Nacional de Caracas, ahora asegura que la información que está a disposición de Cuba, no se limita a los datos escuetos de identidad.
En una extensa entrevista con Univisión, Daquin afirmó que los cubanos tienen acceso a una base de datos que contiene "toda la información de cada uno de los ciudadanos" de Venezuela y que el mismo proyecto podría extenderse a Bolivia.
Agregó que en el archivo electrónico de los ciudadanos se encuentran "datos personales, si paga impuestos, si no paga impuestos, como han sido sus últimas declaraciones. Estamos hablando de sistema de registros y notarías, de todas las propiedades que tiene cada uno de los ciudadanos’".
Pero hay otro aspecto hasta ahora desconocido del convenio. Para fabricar las cédulas, Cuba subcontrató la filial de la empresa Gemalto, la misma multinacional que elabora los pasaportes de Estados Unidos y algunos sistemas de seguridad digital para el ingreso a la Casa Blanca, según estableció Univision.
La firma se negó a responder llamadas y correos electrónicos de Univision.
Gemalto se comprometió además a construir un laboratorio en Cuba para "ejecutar las pruebas correspondientes" de las tarjetas y desarrollar las aplicaciones informáticas.
El acceso a la base de datos de ciudadanos venezolanos es posible gracias a un convenio firmado en el primer semestre de 2007 entre ambos países bajo un manto de absoluta confidencialidad. Mediante el acuerdo, Venezuela pagó a la empresa oficial Cubana Albet, Ingeniería y Sistemas, $172 millones para la elaboración de 6 millones de cédulas de identificación electrónica.
La selección de Cuba como el país beneficiado con el contrato para la fabricación de la nueva cédula venezolana sorprendió a la comunidad tecnológica de Venezuela, dado que la isla no se caracteriza por sus grandes avances en este campo.
"El documento de identidad de Cuba es el documento más antiguo que existe en América Latina", dijo Daquin, mientras exhibía una cedula de ciudanía cubana en la que aún la información se escribe a mano.
Según Daquin, el gobierno cubano tiene acceso a lo que se conoce como la caja criptográfica del documento de identidad venezolano, un minúsculo receptáculo electrónico incrustado en el documento y en el que se almacena la información del ciudadano.
Según Daquin, el gobierno cubano tiene acceso a lo que se conoce como la caja criptográfica del documento de identidad venezolano, un minúsculo receptáculo electrónico incrustado en el documento y en el que se almacena la información del ciudadano.
Ese acceso, explicó Daquin, "le da a Cuba el derecho de poder jugar con esa información. Cuba puede jugar con esa información".
Para algunos ese juego puede ser peligroso. "De esta forma pueden meter gente, sacar gente, pueden manipularla, pueden otorgar documentación venezolana a ciudadanos cubanos o de otros países", expresó el diputado por el estado Táchira, Abelardo Díaz
La bancada oficialista negó una solicitud de Díaz para interpelar sobre el tema al ministro de interior y justicia Tarek El Aissami.
Daquin asegura que la selección de Cuba para la impresión de las cédulas ha sido una gran conquista para los servicios de inteligencia de ese país.
"No estamos hablando de temas de qué pasaporte es más seguro y qué pasaporte menos seguro, sino de intereses políticos", dijo Daquin. "Hoy en día, Cuba con su sistema de espionaje, que es uno de los sistemas más sólidos a nivel internacional ellos necesitan y requieren hacer este tipo de tecnologías".
Daquin explicó que a fin de conocer otras tecnologías de identificación, viajó a varias partes del mundo en compañía de funcionarios cubanos, la mayoría vinculados a los servicios de inteligencias. El gobierno venezolano ha respondido que no considera que su soberanía se encuentre en peligro con este contrato y que empresas de otros países como España y Portugal también participaron.
En Venezuela, la bancada oficialista votó en bloque contra una solicitud de un diputado de la oposición para interpelar sobre el tema del contrato al ministro de gobierno.
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