Manifestantes sostienen fotografías de sacerdotes jesuitas asesinados durante una protesta afuera de las afueras del cuartel en donde nueve ex soldados y oficiales, sospechosos de la matanza en 1989 de los seis curas y otras dos personas, permanecen detenidos en San Salvador, El Salvador, el miércoles 24 de agosto del 2011. Los manifestantes están exigiendo justicia por la matanza ocurrida durante el conflicto armado salvadoreño. Los seis curas, que trabajaban en una universidad jesuita, fueron hallados muertos el 16 de noviembre de 1989 junto a una empleada y su hija adolescente.
SAN SALVADOR -- La Corte Suprema de Justicia de El Salvador acordó el miércoles denegar a un juez español el pedido de capturar a nueve militares retirados salvadoreños implicados en el asesinato de sacerdotes jesuitas en 1989.
"Para nosotros (es un caso) cerrado. Aquí los militares no tienen ninguna restricción ni privación de libertad", dijo el magistrado Ulises De Dios Guzmán, al concluir una reunión de Corte Plena donde se examinó el requerimiento de captura emitido por la justicia española y que fue transmitido mundialmente por Interpol a través de una circular roja.
"La Corte Suprema de Justicia no puede ni considerar si concede o no concede una detención porque el Estado (de España) no lo ha solicitado. En consecuencia tampoco puede la policia nacional proceder a capturar a los militares", dijo Guzmán en entrevista con la estatal Radio Nacional.
Explicó que al estudiar el caso, lo que la Corte encontró "es solamente una difusión roja, que es una figura administrativa policial de localización de un posible extraditable, que puede ir o no acompañada de una solicitud de detención con fines de extradición".
Insistió que "aquí lo que importa es que no hay (una solicitud) de detención provisional con fines de extradición y que ninguna autoridad puede proceder a capturarlos si no es con autorización expresa de la Corte Suprema de Justicia y la Corte no puede autorizarlo si ni siquiera lo ha solicitado el Estado español".
Visiblemente contrariado por la decisión de la Corte, Benjamín Cuéllar, que preside el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Católica, dirigida por los padres jesuitas, criticó a la Corte y afirmó que "ya hay una guía establecida en este país, no se toca lo intocable, estos (los militares) siguen siendo los protegidos".
Pero advirtió que el proceso continuará en España y vaticinó que, sin esta protección, serán "condenados en ausencia y que se queden en El salvador como cárcel o que se arriesguen a que los capturen" si salen del país.
Rebatió los argumento de los magistrados al afirmar que la difusión emitida no tienen valor y afirmó que "todo este tipo de enredos no tienen nada que ver con la legalidad... podrán decir que hubo humo blanco, pero huele mal".
Horas antes de conocerse lo resuelto por la Corte, un centenar de representantes de organizaciones civiles se manifestaron frente al cuartel militar donde los militares permanecen y exigieron que los imputados por la muerte de los jesuitas fueran formalmente detenidos.
"Exigimos que la Corte Suprema de Justicia no siga dándole vueltas al asunto y decida la situación jurídica de esta gente que es reclamada por la justicia internacional", dijo a la AP la abogada Loyda Robles de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho.
Desde temprano Robles expresó temor de que "al final sea una burla para la justicia y que la Corte al final salga apoyando a los militares, que rechacen la captura y la extradición".
Guzmán afirmó que "la difusión roja es una alarma policial para localización, (y) eso entiendo que la policia lo ha hecho, ha localizado a los militares, saben donde están", y reiteró que "la difusión roja no sustituye a la solicitud de detención con fines de extradición, ni a la orden de captura y eso es lo que falta".
Guzmán aseguró que para los magistrados los militares que estaban en resguardo en un cuartel del ejército esperando la resolución de la Corte, "realmente no están recobrando (la libertad), porque nunca estuvieron privados de libertad, en realidad jurídicamente no han sido privados de libertad",
Domitila Ascencio, de 73 años y una de los líderes del Comité de Familiares de Asesinados y Desaparecidos durante la guerra (1980-1992), que también participó en la protesta frente a la Brigada Especial de Seguridad Militar, expresó que "estos criminales están aquí hospedados, pasan (el tiempo) en la piscina, burlándose de la justicia, queremos que los capturen, los lleven presos como a cualquier ciudadano que ha cometido un delito".
Guzmán dijo que la resolución será firmada y emitida el jueves, que hoy únicamente se hizo la votación, pero que mañana completarán las formalidades, incluida la de notificar a los militares o sus representantes.
"Ya terminó, no se puede dar un paso atrás, simplemente revisar la redacción, la escritura misma de la resolución... mañana va a aparecer la resolución", dijo a periodistas el magistrado Néstor Castaneda, que presidió la reunión de Corte Plena en la que participaron 12 de los 15 magistrados y diez votaron a favor.
"Nosotros hemos resuelto en base a nuestro derecho interno porque el Tratado de extradición entre el reino de España y El Salvador establece que se resolverá de acuerdo con la legislación interna del país requerido", manifestó.
Agregó que "lo que se va a firmar mañanas (jueves) ya está definiendo la situación respecto a la detención, se está resolviendo respecto a la situación jurídica de los procesados".
Los seis sacerdotes jesuitas que trabajaban en una universidad y dos empleadas fueron asesinados el 16 de noviembre de 1989 por soldados durante una ofensiva guerrillera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
En un inicio el gobierno salvadoreño intentó culpar a los rebeldes del asesinato. Los sacerdotes jesuitas españoles Segundo Montes, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Armando López, Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López fueron ejecutados con tiros en la cabeza tras ser puestos de rodillas en el jardín exterior de la casa en que vivían dentro del campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
Un coronel, dos tenientes, un subteniente y cinco soldados del Batallón elite Atlacatl entrenado en Estados Unidos fueron procesados por la matanza, pero en 1991 un jurado absolvió a siete de los acusados. Otros dos fueron beneficiados posteriormente por una amnistía en 1993.
El entonces presidente Alfredo Cristiani, del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) emitió el decreto de amnistía pocas horas antes de que se divulgara un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, que responsabilizó a los altos mandos militares del asesinato de los jesuitas.
La UCA ha dado por cerrado el caso, en contra de los autores materiales, pero sigue reclamando el esclarecimiento de la autoría intelectual.
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