El desalojo se logró con la mediación del procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Oscar Luna, del obispo auxiliar capitalino, monseñor Gregorio Rosa Chávez y representantes de otras iglesias.
Antes de desalojar el templo, los ex combatientes hicieron repicar las campanas de la catedral y visitaron la cripta donde reposan los restos del arzobispo Oscar Arnulfo Romero, asesinado de un tiro al corazón el 24 de marzo de 1980 cuando oficiaba una misa.
Los ex combatientes solicitaron al procurador de los Derechos Humanos que intervenga ante el gobierno del presidente Mauricio Funes para que responda a las demandas.
Rosa Chávez explicó a los periodistas que los ex combatientes exigen reincorporar a algunos de ellos a la policía nacional civil que fueron removidos de sus puestos al margen de la ley.
A finales del 2011, la policía despidió a unos 200 agentes por distintas causas, pero se desconoce cuántos eran veteranos de guerra, quienes también exigen la entrega de cuotas alimenticias.
En un comunicado entregado a la prensa, los veteranos de guerra afirman que "a 20 años de los acuerdos de paz (firmados en 1992), afrontamos una situación deplorable, peor que antes de la guerra".
Las peticiones serán estudiadas en una comisión en las que se incluyen representantes de las diferentes iglesias, el gobierno y los veteranos de guerra, según se informó
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